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La Paz - Bolivia.
domingo 30, agosto 2015
     
 
Se liquida el Fondo Indígena y nace uno de desarrollo ( >>> ) 29 de Agosto de 2015

 

A través del Decreto Supremo 2493, vigente desde ayer, el Gobierno creó el Fondo de Desarrollo Indígena y ordenó la liquidación de la oficina antecesora, sobre la que pesa un daño económico al Estado de al menos Bs 14,5 millones por la no ejecución de 30 obras productivas rurales. Después de nueve años y ocho meses de vigencia, el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC) deja de funcionar, sumido en denuncias de corrupción.

Un informe de la Contraloría dio cuenta en febrero de que el daño económico al Estado, por parte de ejecutivos de esa repartición y dirigentes sindicales, llegó a Bs 71 millones, por 153 proyectos de desarrollo productivo inconclusos. El miércoles concluyó la intervención por el lapso de seis meses a esta oficina, en la que se determinó que al menos 30 obras no fueron ejecutadas, pese a desembolsos, y que la pérdida alcanzaba a Bs 14,5 millones. Pero el daño puede llegar a Bs 102 millones, debido a que están pendientes otras auditorías.

Por el uso irregular del dinero destinado a proyectos, se acusó a tres ejecutivos del FDPPIOYCC: Marco Aramayo, Julia Parra y Daniel Zapata, de los que los dos primeros están detenidos preventivamente, mientras que el tercero está prófugo. También están implicados al menos 90 dirigentes de los sectores campesinos e indígenas, a quienes se les acusa de haber recibido dinero de esta repartición en cuentas bancarias personales. Entre las sindicadas está Julia Huanca, excandidata a la Gobernación de La Paz del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Ahora, según el nuevo decreto, Larisa Fuentes, interventora del FDPPIOYCC, tiene la misión dirigir el proceso de liquidación de esa entidad por el lapso de un año. Uno de sus principales objetivos es continuar con los procesos jurídicos en contra de los ejecutivos y dirigentes que resulten responsables del manejo irregular de los fondos económicos destinados a ejecutar obras productivas en el área rural.

Uno de los cambios fundamentales que fija la norma legal, para la transición, es que el Fondo de Desarrollo Indígena estará a cargo de un Director General Ejecutivo, designado mediante Resolución Suprema, que ya no contará con un directorio, como en la anterior administración.

También se establece la finalidad de la creación de esta repartición, destinada a gestionar, financiar, ejecutar y fiscalizar programas de proyectos para el desarrollo productivo rural, aspecto que fue anunciado por el presidente Evo Morales el miércoles. En la anterior administración, se daba curso a proyectos de fortalecimiento, tales como la realización de cursos y talleres de capacitación. 

Consejo. El Gobierno, a través de este decreto, también crea el Consejo Consultivo, conformado por los titulares de los ministerios de Desarrollo Rural, Presidencia, Desarrollo Productivo, Medio Ambiente, Planificación y de Economía, además de los máximos dirigentes de los campesinos, indígenas, originarios, interculturales y mujeres campesinas Bartolina Sisa.

Este Consejo, según lo estipula la normativa, es una instancia deliberativa, participativa y de formulación de propuestas de políticas y planes para el fomento del desarrollo productivo. Entre sus funciones también está el evaluar el trabajo de este fondo.

Entre las fuentes de financiamiento se ratifica el 5% de las recaudaciones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) “monto que será deducido del saldo correspondiente al Tesoro General de la Nación (TGN). Esta disposición estaba vigente desde diciembre de 2005. También se habilita a las donaciones o créditos, internos o externos con el fin de ayudar al desarrollo.

Autorizan el contrato directo

Disposición

A través del Decreto Supremo 2493, aprobado el 26 de agosto y publicado ayer, se autoriza al nuevo Fondo de Desarrollo Indígena realizar la contratación directa de obras, bienes y servicios, destinados a la ejecución de programas y proyectos productivos rurales.

Proceso

El procedimiento para la contratación directa debe ser aprobado por una resolución expresa emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Indígena.

Registro

Tras la contratación directa, la información debe ser presentada ante la Contraloría General del Estado, según la normativa emitida por esa entidad. Además,   se debe registrar este procedimiento en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), siempre y cuando el monto de la obra, bien o servicio tenga un costo mayor a los Bs 20.000.

Fiscalía analiza resultados de la intervención 

Yuri Flores

La comisión de fiscales a cargo de las investigaciones del caso Fondo Indígena tiene previsto reunirse próximamente para analizar los resultados de la intervención y convocar a los implicados de ocasionar un daño económico al Estado de Bs 14,5 millones, informó una fuente de Ministerio Público.

El informe de la interventora del Fondo Indígena, Lariza Fuentes, establece que existen 30 proyectos fantasma y que se detectaron 713 proyectos considerados “con plazo no vigente”, cuyo daño alcanzaría a los Bs 102,2 millones.

El Ministerio Público, en febrero, inició las investigaciones tras conocer el informe de la Contraloría que identificó un daño de Bs 71 millones por 153 proyectos. La comisión de fiscales está conformada por Anghelo Saravia, Gregorio Blanco y Elsi Villafranqui.

Inocencia. En la lista de la interventora, donde figuran representantes indígenas que recibieron recursos económicos para la ejecución de proyectos, está Felipa Huanca, exdirigente de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas de La Paz Bartolina Sisa, quien afirmó que no cometió ningún tipo de irregularidad en el manejo de los proyectos, por lo que presentó todos los descargos. Pidió un informe a la interventora sobre su presunta vinculación en los proyectos fantasma.

“El 14 de noviembre 2011 he dado informe y con esta intervención nuevamente todo hemos documentado. Hay un proyecto de fortalecimiento, también hemos documentado, no hay otro, estoy esperando el informe de la interventora”, manifestó Huanca ante los medios de comunicación.

El abogado de Huanca, Gonzalo Cordero, dijo que su cliente, cuando era dirigente, recibió recursos para dos programas, el proyecto Ayni Productivo y el Plan de Fortalecimiento, de los cuales se presentaron las documentaciones correspondientes. “En el primero son Bs 90.000, en el segundo no tengo con precisión. Era un proyecto de Bs 140.000. Se nos ha desembolsado casi Bs 90.000”, especificó el jurista.

La Razón (Edición Impresa) / Ángel Guarachi, Juan José Cusicanqui La Paz